“No fue una guerra como dicen, acá hubo un genocidio”. Con esas palabras la legendaria Taty Almeida, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo se hizo escuchar durante el debate de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para el tratamiento del proyecto que busca penalizar el negacionismo. 

La iniciativa busca establecer penas para quienes nieguen el genocidio perpetrado por la última dictadura militar argentina y juzgado por todas las instancias de la Justicia Argentina. 

Como era de esperar, el debate contó con la presencia de dirigentes de organismos de derechos humanos. También, previsiblemente, no hubo integrantes de la oposición.

“Efectivamente quedamos muy poquitas madres, pero no me voy a cansar de repetir que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”, e instó a “demostrar en las urnas con los resultados, que no nos han vencido ", enfatizó Almeida.  

Taty Almeida no mostró titubeos al pedir que se apruebe de manera urgente una ley que castigue con inhabilitación a los negacionistas que reivindican a la dictadura.

“Efectivamente quedamos muy poquitas madres, pero no me voy a cansar de repetir que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”, e instó a “demostrar en las urnas con los resultados, que no nos han vencido ", enfatizó Almeida.  

Un momento emotivo se dio cuando se refirió a su hijo detenido y desaparecido en la última dictadura. “Yo se que desde algún rinconcito está Alejandro”, dijo, acordándose también de “los 30 mil apoyando este proyecto de ley”, según reflexionó la referente de derechos humanos. 

Las razones del proyecto

La iniciativa surgió a partir de los discursos negacionistas y los cuestionamientos del partido La Libertad Avanza, liderado por el candidato a presidente Javier Milei, que ponen en duda el número de desaparecidos durante la última dictadura militar. 

Entre los proyectos analizados por los organismos de derechos humanos, hay una propuesta que busca evitar que quienes reivindiquen a la dictadura puedan acceder a cargos, previendo para ellos inhabilitaciones de hasta diez años.

Asimismo, la legisladora massista Mónica Litza presentó un plan para la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática. En caso de sancionarse el proyecto, tendrá como misión organizar actividades de formación y difusión del conocimiento.

Entre las ideas principales de este proyecto, también se incluirá la modificación de la ley de marco de regulación del empleo público para prohibir discriminación por raza, opinión o cualquier condición personal o social.