Ni el Decreto de Necesidad y Urgencia que desregula por completo la economía argentina hará que la Corte Suprema de Justicia trabaje en pleno verano: el máximo Tribunal aceptó este viernes analizar el pedido del gobierno de La Rioja para que declare inconstitucional el DNU firmado por el presidente Javier Milei, pero avisó que lo hará recién “en febrero”.

En una decisión a la que le alcanzó “sólo una carilla”, la Corte anunció que sí “estudiará” el planteo pero que lo hará luego del receso de enero. Todo porque, según se justificó en el escrito, el expediente debe pasar primero por el escritorio del interino Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien deberá dictaminar también al respecto; el sí lo hará en enero.

Casal emitirá un dictamen sobre si la Corte es o no competente para tratar el asunto y luego si es o no constitucional el DNU.

Claro que lo que opine Casal, al no ser vinculante, nada tendrá que ver con el criterio que luego tomará el máximo Tribunal de la Nación; ergo, podría tratarlo incluso durante enero en virtud de la grave situación socio económica que atraviesa el país.

“Por disposición del Tribunal se hace saber que esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la feria judicial del mes de enero”.

En una de sus partes más sustanciosas, el comunicado de la Corte, que lleva la firma de Alejandro Daniel Rodríguez, a cargo de la Secretaría de Juicios Originarios, sostiene que “A fin de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación. Sin perjuicio de ello, y por disposición del Tribunal, se hace saber que esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”. 

La presentación del gobierno de La Rioja, que contó con el asesoramiento legal del ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, es una “acción declarativa de certeza” que pretende que el máximo tribunal declare inconstitucional el decreto 70/2023 por los “perjuicios irreparables” que le genera a la provincia. 

Incluye, además, el pedido de una medida cautelar para frenarlo hasta que los jueces tomen la decisión final.

Lluvia de amparos

Mientras tanto, con la feria judicial ya iniciada este viernes al mediodía y durante todo enero, existen más de 25 pedidos de suspensión del DNU que se tramitan en distintos juzgados de instrucción oportunamente presentados por sindicatos, abogados o ONGs; además de otro pedido de nulidad solicitado por la CGT y las dos CTA en el fuera laboral. 

Sin embargo, hasta aquí ninguno de esos Tribunales aún resolvió habilitar la feria para tratar los respectivos amparos, por lo que, de no hacerlo durante enero, todo quedará en poder de la Corte Suprema de Justicia, claro que en febrero.