La Justicia de los Estados Unidos falló una vez más en contra de los intereses soberanos de Argentina y a favor de un par de “fondos de inversión” de ese país, al rechazar un pedido formulado por el Gobierno para evitar presentar garantías en el juicio que se sustancia en Nueva York por la nacionalización del 51% de  YPF, por lo que el país podría comenzar a sufrir embargos de algún activo en el exterior, aunque los requisitos no son tan sencillos.

La decisión fue tomada por la jueza de Nueva York Loretta Prezka, en la causa iniciada por el fondo Burford Capital en la que Argentina fue condenada en septiembre de 2023 a abonar un resarcimiento de US$16.000 millones.

La jueza Preska aseguró en su escrito que "empatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país", pero le recomendó al Gobierno “preparar una hoja de ruta para terminar con el caso” por la nacionalización de YPF.

La fecha tope para presentar las garantías estaba fijada para el 10 de enero, por lo que los litigantes ya estarían en condiciones de solicitar embargos sobre los activos del país que puedan encontrar en el exterior.

Allí radica una de las dudas jurídicas que envuelven en caso, porque no está claro si esos posibles activos argentinos deben estar sólo en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo.

Además, y según lo explicitó Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, “no todos los activos argentinos cumplen con las condiciones establecidas en la ley de Inmunidad soberana extranjera de Estados Unidos”.

El abogado explicó que, “como el Estado argentino no renunció a su inmunidad, un juez de Nueva York sólo puede embargar bienes que cumplan tres requisitos. En primer lugar, que el Estado sea su dueño, algo que no podría ocurrir con Aerolíneas Argentinas porque los aviones son de la sociedad y no del Estado. En segundo lugar, que el activo en cuestión se use sólo para una actividad comercial en Estados Unidos. Y tercero, que el bien embargable sea usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo, o sea que el bien tendrá que ver con YPF”.

Beneficiarios

El fallo supone un duro golpe para la Argentina, que apeló la sentencia dictada en noviembre por Preska, la mayor de la historia en un tribunal federal de Manhattan.

En el juicio por la nacionalización del 51% de YPF, producida en 2012, el país fue condenado a abonar 16.000 millones de dólares a Burford Capital, que también beneficiaría a “terceros”.

El punto es que Burford compró los “derechos de litigio” del caso al accionista minoritario de YPF, Petersen Energía Inversora, por el 61% de sus tenencias, pero luego revendió cerca de la mitad a terceros inversores. Por lo tanto, tanto Petersen como el resto de los “terceros beneficiarios” también cobrarían parte del juicio.