Pocos días después de que los constitucionalistas de todas las latitudes del arco político e ideológico coincidieran en la inconstitucionalidad del Mega DNU firmado por Javier Milei la semana anterior, la presentación de la denominada “Ley Ômnibus” les ofreció una nueva oportunidad para ponerse de acuerdo, una vez más por la descalificación y la negativa, sobre la ofensiva del gobierno argentino. 

Los cuestionamientos llegaron desde todos los ángulos, ante la manifiesta debilidad y grosería del proyecto de ley enviado.  Daniel Sabsay afirmó que la ley “Ómnibus”, en conjunto con el DNU, significan volver "dos siglos para atrás”. Ricardo Gil Lavedra concluyó que Milei quiere "poder para gobernar sin el Congreso".

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que el proyecto de ley "ómnibus" elevado por el Gobierno nacional al Congreso y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregulan el Estado, conforman "un intento de reforma constitucional encubierta" por parte de la administración nacional. 

"El DNU 70/2023, sumado al proyecto de ley denominado 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', es un intento de reforma constitucional encubierta sin cumplir con el mecanismo previsto por el artículo 30 de la Constitución", sintetizó en su cuenta de  X.

Además, Gil Domínguez , quien ya había presentado un amparo  -técnicamente una "acción declarativa de inconstitucionalidad"- contra el Mega DNU, propuso que se haga un profundo análisis del proyecto de ley enviado al Congreso en base a la "delegación" del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo; las leyes que se derogan o modifican y las nuevas que se sancionan y, finalmente, de "las autorizaciones o facultades que realiza el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo en cuanto el dictado de cierta normativa".

"Una fórmula integral del proyecto de ley sería la siguiente: Delegación legislativa a favor del PEN + sanción de leyes por parte del Congreso + Autorizaciones normativas al PEN", resumió. "El principal problema consiste en que se basa solamente en la Constitución de 1853 y desconoce las reformas constitucionales posteriores (especialmente la de 1957 y la de 1994), como si no existieran".

 "Otra dificultad" adicional es que "coexisten normas que colisionan directa o indirectamente con la Constitución argentina con otras que dependen de la voluntad legislativa, por lo cual el proyecto no se puede aprobar como un bloque". Por esta razón, la Ley Ómnibus "tiene un problema formal estructural", porque "si bien está propuesto como un bloque normativo que debe aprobarse o rechazarse en su totalidad, los temas propuestos requieren de distintas mayorías". Así "el Título VI-Capítulo I-Sistema Electoral requiere para su aprobación contar con la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara según lo establece el art. 77 de la Constitución", mientras que "otros temas requieren mayoría simple".

Pese a las opiniones de los constitucionalistas, ni los partidos políticos ni la Justicia se animan a adoptar medidas concretas para impedir la entrada en vigencia de una normativa que implica la clausura de nuestra Constitución, el fin de la división de poderes y la negación de la democracia, con disposiciones claramente autoritarias y propias de la vigencia permanente del Estado de Sitio. 

Para concluir, Gil Domínguez afirmó que: "Además es inédito que un proyecto de ley apruebe, mediante la incorporación de un anexo, otro proyecto de ley como ocurre con los procesos sucesorios no contenciosos o el juicio por jurados. Este formato desconoce la deliberación democrática e impone la sanción a ´libro cerrado`". Por estas razones, "la situación planteada se agrava respecto del juicio por jurados en materia penal puesto que debido a su especificidad e importancia requiere de un profundo debate en el Congreso con la participación de la sociedad".

El  constitucionalista ultra liberal, Daniel Sabsay, consideró que los contenidos del Mega DNU y la ley ómnibus como "una regresión", que implica  "volver dos siglos para atrás”, ya que el presidente Milei, en caso que avance ese contenido, alcanzaría “la suma del poder público, y eso no tiene ningún tipo de mandamiento constitucional”.

“Es el mismo criterio de muchos colegas constitucionalistas y debe ser declarado inconstitucional”, enfatizó. 

El radical Ricardo Gil Lavedra, por su parte, adelantó que el proyecto presentado por Milei va a contar con "buena voluntad" para ser acompañado, pero "obviamente muchas de las cosas van a ser discutidas y, a lo mejor, no van a salir”. Gil Lavedra no sólo es constitucionalista, sino que integró el tribunal que juzgó los crímenes de la Dictadura Cívico-Militar y fue Ministro de Justicia de la Nación, e interpretó que "en línea con el DNU, es un proyecto que trata de concentrar enormes facultades legislativas en el Presidente", quien tiene "minoría parlamentaria" y "a través de estos dos proyectos, trata de encontrar poder para gobernar sin el Congreso".

Gil Lavedra hizo particular hincapié en las disposiciones del proyecto de Ley Ómnibus sobre la vulneración del derecho a la protesta, un derecho que "es constitucional, debe ponderarse con otros", pero como "no hay derechos absolutos, uno tiene que ponderar en cada caso cuál prevalece". Sin embargo, advirtió, "Me parece que lo que se trata es la criminalización de la protesta. Ha aumentado las penas, incluso para los organizadores. Aquello sobre que tres personas o más deben pedir permiso para estar en la calle es irrazonable y raro. No sé cómo se adecua la autorización del Ministerio de Seguridad de la Nación con las normas provinciales en materia de seguridad. Sobre todo el número, no parece razonable. Son los temas que por suerte va a tratar el Congreso".

El cálculo político egoísta priva por sobre el compromiso constitucional. Algunos porque temen la descalificación de su propio electorado en caso de oponerse a las iniciativas del Gobierno. Otros, porque esperan que el impacto de las políticas económicas genere una situación de insubordinación civil sobre la cual pretenden montarse para tratar de recuperar una mínima parte de la consideración social de la que ya no gozan. 

En síntesis, respecto de la Ley ómnibus y el Mega DNU, "ambos instrumentos sin duda avanzan sobre facultades del Congreso" y "son mamotretos tremendos porque han agrupado proyectos de una extensión enorme".  Y concluyó en que "No va a ser fácil, son muchos temas y la maquinaria del Congreso tiene su tiempo. Como dije antes, el proyecto es un mamotreto tremendo, el Congreso tiene que intervenir fuertemente. Creo que hay una predisposición para tratar de acompañar al Gobierno, que está en los primeros días de gestión. Hay una esperanza depositada por millones de argentinos que no hay que frustrar. Por lo tanto, creo que va a haber buena voluntad para tratar de acompañar, pero obviamente muchas de las cosas van a ser discutidas y, a lo mejor, no van a salir".

Sin embargo, pese a las opiniones de los constitucionalistas, ni los partidos políticos ni la Justicia se animan a adoptar medidas concretas para impedir la entrada en vigencia de una normativa que implica la clausura de nuestra Constitución, el fin de la división de poderes y la negación de la democracia, con disposiciones claramente autoritarias y propias de la vigencia permanente del Estado de Sitio. El cálculo político egoísta priva por sobre el compromiso constitucional. Algunos porque temen la descalificación de su propio electorado en caso de oponerse a las iniciativas del Gobierno. Otros, porque esperan que el impacto de las políticas económicas genere una situación de insubordinación civil sobre la cual pretenden montarse para tratar de recuperar una mínima parte de la consideración social de la que ya no gozan. 

Por estas razones argumentan que la virulencia de la intervención del gobierno sobre los otros poderes es consecuencia de su debilidad legislativa, y que sólo le interesa presionar para conseguir respaldo en el Congreso para su programa. Tal vez así tranquilicen su conciencia; aunque la historia los desmienta.