Además de la batalla judicial, el Gobierno comenzará en horas otra dura refriega, en este caso en el Congreso, tratando de que la tan anunciada “ley ómnibus” salga lo más derechito posible tanto de  Diputados como de Senadores, luego de ser tratada en sesiones extraordinarias previstas desde esta semana y hasta el 31 de enero.

Con ese propósito, el presidente Javier Milei envió finalmente hoy al Congreso un mega proyecto de reformas del Estado, que contiene 664 artículos que suman, como si aún fuera poco, más desregulaciones a las establecidas en el reciente DNU, el cual, como se dijo, está judicializado.

El proyecto se denomina "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" y fue entregado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem.

El texto, desplegado a lo largo de 351 páginas, contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso.

Prevé la derogación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo a privatizar las empresas estatales.

También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos.
 

X de Oficina del Presidente Javier Milei

Preámbulo

A modo de preámbulo, y en su primer artículo, el proyecto de ley establece que su objeto es "promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales". 

El proyecto modifica una veintena de leyes y propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2020, facultando al Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones "teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica".