“Es gravísimo que pretenda el Poder Ejecutivo arrogarse facultades que sólo le corresponden al Congreso. Legislar en Argentina, por lo que dice nuestra Constitución Nacional, es facultad exclusiva del Congreso”. Esas fueron las primeras expresiones de Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina, al ser entrevistada durante el programa En medio de todo, por Canal Extra TV.

En referencia a las potestades legislativas y la posibilidad de que el gobierno ejerza dichas facultades, Benzion explicó: “Para que el Poder Ejecutivo lo haga, tiene que haber una situación de emergencia nacional, de necesidad y urgencia, que no está dada en este caso”.

“Por supuesto que la decisión de hacerlo por decreto es una estrategia de este gobierno. No es casual que Milei dé su discurso como nuevo presidente del país de espaldas al Congreso, de espaldas al sistema republicano, de espaldas a la división de poderes y de espaldas a la Constitución”, acusó.

“Por supuesto que la decisión de hacerlo por decreto es una estrategia de este gobierno. No es casual que Milei dé su discurso como nuevo presidente del país de espaldas al Congreso, de espaldas al sistema republicano, de espaldas a la división de poderes y de espaldas a la Constitución”, acusó.

En la intención de “entender la lógica del presidente, su discurso sobre la herencia recibida y a la época de crisis que menciona”, la conductora Lourdes Suazo consultó a la especialista si es posible “declarar la emergencia laboral para aplicar medidas a través de decreto”.

Benzion respondió con una clara negativa. “No. La emergencia laboral no justifica de ninguna manera la eliminación de leyes laborales protectorias como las que rigen en nuestro país. Si hubiera alguna circunstancia excepcional, como por ejemplo, la decisión política de mejorar los niveles de empleo, de mejorar los niveles de trabajo registrado, tendría que haber un plan que explique a toda la población cómo van a hacer para resolver ese problema”, sostuvo.

“De ninguna manera se puede decir que hay una emergencia y que entonces, se deje liberado a las fuerzas del mercado la decisión de contratar y descontratar.  Es una aberración jurídica y es totalmente contraria a los derechos humanos a los que Argentina se ha comprometido”, concluyó.