Casi como una premonición de los “tiempos que se venían” y de la instalación en la Argentina del “no hay plata”, en 2018 la Iglesia católica anunció que iniciaba un período de renuncia a los fondos públicos que terminaría cinco años después: el 31 de diciembre de 2023.

Aquel proceso paulatino contó con el visto bueno de las administraciones de Mauricio Macri, primero, y de Alberto Fernández, después, hasta llegar a concretarse, paradójicamente, con la presidencia de Javier Mieli.

No sólo se trató de una decisión “divina”: desde hace años muchas voces de la sociedad civil han reclamado la separación entre la Iglesia católica y el Estado, hecho que terminó por concretarse el primer día hábil de este 2024.

Así fue que este martes la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó que concluyó el "proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares" a los fondos previstos en la ley 21.950, por lo cual esas autoridades de la Iglesia dejarán de percibir los aportes del Estado nacional.

Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, "conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación", indicó la CEA en un comunicado.

X de Conferencia Episcopal Argentina

Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una resolución de abril de 2023, había habilitado que los arzobispos y obispos que "hayan cesado en sus cargos por razones de edad o invalidez puedan solicitar, de manera particular, el beneficio de la asignación prevista en la ley".

La ley 21.950 (del año 1979) establece que los "arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos".

"El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos", precisó la CEA sobre la suma que recibían los eclesiásticos.

"El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos", precisó la CEA sobre la suma que recibían los eclesiásticos.

Según informó el Episcopado, el próximo paso será la prescindencia de una contribución que perciben los seminaristas diocesanos y el reemplazo de la asignación que se envía a los párrocos de frontera, en concepto de ayuda a la obra solidaria.

El monto global asignado mediante estas ayudas no llegaba al 7% del presupuesto que administra la Iglesia, según algunas estimaciones confiables.

No forman parte de este régimen los aportes que reciben los colegios, en función del régimen de subsidios que las distintas jurisdicciones del país asignan a la enseñanza privada, en virtud del derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos.