A la gestión del presidente Javier Milei está visto que le gusta actuar “al límite”, y quedó demostrado este viernes por la tarde cuando finalmente envió al Congreso el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que implica una profunda desregulación de la economía y abre la puerta a la privatización de empresas públicas, entre otras medidas de alto impacto.

El instrumento fue anunciado por el presidente el 20 de diciembre por cadena nacional y tenía un plazo legal de diez días hábiles para ser enviado a las Cámaras para su tratamiento; el tiempo expiraba este viernes 5 de enero.

Ahora comenzó a correr otro tiempo: para aprobarlo o rechazarlo el Poder Legislativo tiene otros diez días hábiles, plazo en el cual deberán formarse dos comisiones de ocho representantes, una en el Senado y otra en Diputados.

En veremos

En la Cámara alta, su presidenta, Victoria Villarruel, ya hizo su trabajo e integró el grupo de senadores y senadoras que tratarán el DNU.

La nómina incluye a tres representantes de Unión por la Patria (UxP), dato significativo porque precisamente esa es la traba que aún persiste en la Cámara baja ya que su presidente, Martín Menem, aún no “convenció” a la actual oposición del ex Frente de Todos que allí entiende que le corresponden cuatro lugares y no tres como les ofrece el libertario; hasta tanto esa discrepancia no se solucione, al menos en Diputados no comenzará a tratarse y los diez días hábiles comenzarán a correr desde el próximo lunes 8.

Ahora bien, si la Bicameral no se reuniera en un plazo de diez días hábiles, el pleno de cada Cámara está habilitado a debatirlo.

Una vez transcurrido ese tratamiento, la Comisión emitirá dictamen respecto de la validez de la medida y, en caso de avanzar, el DNU tiene que ser aprobado por una de las dos cámaras legislativas para mantener su vigencia.

En tanto, para que el decreto pierda validez de forma permanente es necesario que sea rechazado tanto por Diputados como por el Senado.

¿Y la Justicia?

Claro que la norma que envió el Ejecutivo al Senado puede quedar sin efecto también por intervención de la Justicia, donde viene sufriendo múltiples reveses, por ejemplo en el fuero laboral, donde la Cámara Nacional del Trabajo hizo lugar a dos amparos presentados por la CGT y la CTA, y dictó una medida cautelar que al menos por ahora dejó sin efecto el DNU en lo que se refiere a las medidas vinculadas al ámbito del trabajo.

A estos fallos el Gobierno ya los apeló a través del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra.

Como si eso fuera poco, el juez Enrique Lavié Pico, del fuero contencioso administrativo federal, habilitó el jueves la feria judicial para tratar, por separado, más de treinta amparos presentados contra la totalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia, ya no sólo en el fuero laboral.