El Gobierno bonaerense anticipó no aplicará el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hoy el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien consideró que la medida “criminaliza la protesta”.

“Sé que hay contactos entre la ministra de Seguridad de Nación y el ministro de Seguridad de la provincia (Javier Alonso). Es algo que corresponde y tiene un carácter operativo, institucional”, dijo el funcionario.

“A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo de orden público. Creemos que criminaliza la protesta”

Además, si bien reconoció que las movilizaciones tiene que tener “cierto orden”, dijo que el conjunto de disposiciones anunciado por el Ejecutivo nacional “sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia”.

Consultado respecto de la decisión del Gobierno de Javier Milei de quitar los planes sociales a quienes cortan calles, Bianco respondió que esas prestaciones se deben hacer efectivas si los beneficiarios de los programas “cumplen con sus obligaciones”.

“Nosotros junto con los municipios y las cooperativas siempre trabajamos con estos programas que tienen un objetivo darle un ingreso a aquellas personas que cumplen una función reciban lo que corresponde”, añadió.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que “la decisión está tomada y es hacer cumplir la ley. Vamos a permitir la libre circulación”. "Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña y es el respeto absoluto por la ley", afirmó Adorni.

"Mañana queremos tener una jornada en absoluta paz. Argentina tiene que acostumbrarse a la normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley", dijo Adorni en rueda de prensa en la que ratificó que "el que corte mañana dejará de percibir el plan social" y anunció que la línea 134 estará abierta para "recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario".

Tras el anuncio del protocolo, más de 1.700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y solicitaron el "cese" de su aplicación, que tendrá este miércoles su primera prueba en el marco de la movilización convocada por la Unidad Piquetera, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001.