La declaración de inocencia de Lula ¿podría ayudar a otras víctimas del lawfare en América Latina?
En este informe se recorre lo sucedido con líderes políticos como Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Roussef en Brasil, y Cristina Fernández en nuestro país. En qué medida la caída de la operación contra Lula repercute en el resto del continente.
La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de declarar nulas las pruebas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y calificar de "error histórico" su envío a prisión, parece dar esperanzas de justicia a los abogados de otros líderes políticos de América Latina que aducen ser víctimas de lawfare.
El defensor legal del expresidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012), Emilio Camacho, y el del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2017), Carlos Alvear Burbano, coincidieron en que el caso de Lula demuestra que en Brasil y en otros países de la región se ha manipulado a la justicia con fines políticos, particularmente en el caso Odebrecht, utilizando "prácticas ilegales" para obtener pruebas, incluyendo la coerción psicológica en testimonios.
"Estas decisiones podrían tener repercusiones en otros países latinoamericanos cuando los casos son directamente conexos, tienen una relación directa, cuando las pruebas utilizadas en Brasil, por ejemplo, son las mismas en Ecuador", dijo uno de los abogados.
"Estas decisiones que toma la justicia brasileña podrían tener repercusiones en otros países latinoamericanos cuando los casos son directamente conexos, tienen una relación directa, cuando las pruebas utilizadas en Brasil, por ejemplo, son las mismas en Ecuador", dijo Alvear Burbano, presidente del estudio Kapital Abogados.
Por su parte, Camacho, abogado constitucionalista, aseveró que si las justicias nacionales de cada país usaron las conclusiones de Brasil, también tienen que utilizar la última resolución para dejar sin efecto varios juicios a expresidentes o dirigentes políticos.
"Es categórico porque deja de existir. Al ser nulo, anula la actuación. Es lo que realizó, digamos, ahora el Tribunal Supremo de Brasil. Y creo que ni siquiera se ha ido a fondo sobre si hay culpabilidad e inocencia, sino que hubo una atroz violación de la garantía fundamental del proceso, que es mucho más grave", reflexionó.
Del juez incompetente a la absolución total
Investigado por el juez Sergio Moro en el marco de la Operación Lava Jato, Lula fue enviado a prisión en abril de 2018 acusado de corrupción pasiva y blanqueo de dinero, pero salió de la cárcel tras 580 días, en noviembre de 2019, después de que el Supremo decidiera que una persona sólo puede cumplir condena cuando se han agotado todos los recursos legales en su caso.
Dos años después, en 2021, el Supremo anuló todas las condenas contra Lula al entender que la corte de Curitiba (sur) no era competente para juzgar el caso y que el juez Moro fue parcial en su evaluación.
De esa forma, Lula recuperó sus derechos políticos y pudo presentarse como candidato a las elecciones de 2022, que venció con 60 millones de votos, por un estrecho margen por encima de Jair Bolsonaro (2019-2022).
El miércoles último, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Antônio Dias Toffoli aceptó una petición de la defensa de Lula y anuló todas las pruebas obtenidas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, además de afirmar que su prisión fue un "error histórico".
"Fue uno de los mayores errores judiciales de la historia del país. Se trató de un montaje fruto de un proyecto de poder de determinados agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contra la ley", escribió el juez Dias Toffoli, que liberó de culpa a Lula.
"Fue uno de los mayores errores judiciales de la historia del país. Se trató de un montaje fruto de un proyecto de poder de determinados agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contra la ley", afirmó en su decisión.
El magistrado afirmó que esos agentes públicos "se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes" y que actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia.
Sin citarlos, Toffoli se refería a Moro (que condenó a Lula en primera instancia) y al equipo de fiscales de la Operación Lava Jato, que colaboraron de forma irregular para armar la mejor estrategia para poder llevar a Lula a la cárcel, tal como quedó demostrado en las conversaciones reveladas por el hacker Walter Delgatti.
Lawfare manifiesto
Por esa razón, los abogados consultados para la realización de este informe coincidieron en que Lula fue víctima de "lawfare".
Se conoce como lawfare o "guerra jurídica" el uso indebido de la justicia para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, según lo explica el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) en un artículo publicado en su página web.
Según la Celag, las acciones legales que afrontan los líderes progresistas y expresidentes Cristina Fernández de Kirchner (Argentina, 2007-2015), Dilma Rousseff (Brasil, 2011-2016) y Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017) son ejemplos "no aislados" de esa nueva táctica de "guerra no convencional".
"Justamente las declaraciones del máximo tribunal son muy importantes, en virtud de que desnuda una forma en la cual la justicia ha estado en manos de actores políticos que han tenido claras intenciones de proscribir a determinadas figuras opositoras y generalmente del progresismo latinoamericano. En la operación Lava Jato, el juez Moro y el resto de fiscales que trabajaron en la misma utilizaron de una manera ilegal a la justicia", afirmó Alvear Burbano.
El abogado añadió que Moro y los fiscales brasileños recabaron pruebas de forma "ilegal", apelando a "falsos testimonios" a través de coerciones psicológicas.
"A varios de supuestos testigos les dijeron que no les iban empeorar su situación jurídica si es que señalaban de una manera inculpatoria a determinadas personas. Y es así como se obtuvieron las sentencias en contra de Lula da Silva en Brasil y también contra otras figuras como Cristina Fernández en Argentina y como Rafael Correa en Ecuador", indicó el abogado Alvear Burbano.
"A varios de supuestos testigos les dijeron que no les iban empeorar su situación jurídica si es que señalaban de una manera inculpatoria a determinadas personas. Y es así como se obtuvieron las sentencias en contra de Lula da Silva en Brasil y también en otros países de la región con otras figuras como Cristina Fernández en Argentina y como Rafael Correa en Ecuador", indicó.
Ataque a la democracia
Por su parte, Camacho consideró que la decisión de la justicia brasileña evidenció "varias arbitrariedades salvajes" cometidas en contra de Lula, logrando "meter preso por más de 500 días a un dirigente de envergadura nacional y continental".
El defensor añadió que el daño causado a Lula y a la democracia de Brasil es "irreparable" porque cuando el sistema judicial es utilizado para perseguir al disidente o al que piensa distinto, puede ser usado no solo contra un político, sino a un activista social o cualquier persona de un país.
"Estoy seguro de que esto va a tener una repercusión fuerte en el continente. (...) Lastimosamente, con un costo humano altísimo. Costó una presidencia, costó una campaña, costó cuatro años el desastre realizado por Moro. Pero acá sí hay que seguir el ejemplo de Lula, su fortaleza moral firme, total, para resistir dignamente la prisión, sin humillarse, sin prestarse a negociados", reflexionó.
Asimismo, consideró que la democracia tiene que defenderse de este "tipo de gángsters del derecho".
"Pero… ¿cómo? Es muy difícil, porque en la democracia, cuando un juez, un fiscal, ataca, tiene mucha fuerza. Tiene la fuerza, la legitimidad democrática. Hay que buscar la forma de ir evitando el lobo que instalaron en varios países de América Latina", reflexionó.
Mayor movilización
Consultado sobre si está decisión de Brasil podría generar que los expresidentes eleven una denuncia a nivel internacional, Alvear Burbano consideró que los líderes políticos deben "seguir insistiendo" y pronunciarse "en repetidas ocasiones ante distintos organismos de justicia".
"Es impresentable que a los pueblos se les impida votar por una persona porque ésta haya sido falsamente inculpada por la justicia de su país, como en el caso del expresidente Rafael Correa, pocos días antes de que pueda postularse al cargo. Entonces, en Ecuador las violaciones al sentido democrático a través del lawfare han sido bastante claras y creo que en el resto de la región han sido evidentes", afirmó.
Dentro del Grupo de Puebla (foro político y académico de la izquierda latinoamericana) se han realizado varias declaraciones en los últimos años en denuncia de varios casos de "lawfare" en la región.
Dentro del Grupo de Puebla, está el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, que nace "con el objetivo de estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y la institucionalidad democrática de la región", se afirma en su página web.
EL CASO ECUATORIANO
Alvear Burbano consideró que existe una "relación directa" entre las pruebas obtenidas en Brasil y también las practicadas en Ecuador, por lo que la decisión del Supremo podría tener un "efecto jurídico".
"Se debe realizar un estudio en el que se determine cuál fue la incidencia de las pruebas emitidas en Brasil y cómo fueron utilizadas las mismas y si fueron usadas dentro del proceso ecuatoriano para observar cuál fue la incidencia dentro de la decisión final y si es que con esta declaratoria de nulidad podemos observar un efecto en el mismo sentido respecto a Jorge Glas", reflexionó.
Glas afirmó el 12 de agosto que el fallo emitido por la justicia en Brasil, que anula las pruebas presentadas en el juicio en su contra por el caso de corrupción de la empresa Odebrecht, ratifica que él "es y siempre fue inocente".
Estuvo en prisión durante más de cinco años por condenas relacionadas con Odebrecht.
En noviembre del año pasado, el exvicemandatario se acogió a una medida cautelar que le permitió salir de la cárcel tras más de cinco años y tramitó su pre-libertad luego de cumplir en prisión más del 60 por ciento de la sanción tras las rejas por el caso Odebrecht y Sobornos.
EL CASO PARAGUAYO
La "guerra no convencional" no solo sucede a través del uso ilegal del sistema judicial sino también a través de “golpes parlamentarios” y la utilización de medios de comunicación para generar “campañas de desprestigio”, afirma Celag.
Lugo, por ejemplo, fue apartado de su cargo de presidente en 2012 por el Congreso legislativo, que le realizó un juicio político tras responsabilizarlo por la llamada "Masacre de Curuguaty", en la que murieron 11 campesinos y seis policías durante el desalojo de los trabajadores rurales que ocupaban un territorio en protesta por la escasez de tierras para el cultivo.
El proceso en el Congreso fue muy cuestionado por la forma en que se realizó y porque concluyó en la destitución del mandatario en menos de 24 horas.
El 28 de diciembre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la causa de Lugo contra el Estado paraguayo por su remoción.
El 29 de septiembre de 2019, el exmandatario afirmó que fue destituido de su cargo por un "golpe parlamentario" y que su remoción fue parte de la misma estrategia que se ha impulsado en la región contra otros líderes progresistas.