La Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET) emitió un comunicado oficial en el que expresó su respaldo manifiesto a la "ley ómnibus" presentada por el oficialismo en el Congreso y que forma parte de la agenda de sesiones extraordinarias.

El apoyo tiene que ver con la voluntad de modificar la ley 24674 que contempla el impuesto interno a esa actividad. El nuevo articulado establece un "gravamen porcentual idéntico y superior al actual para todas las empresas del rubro sobre el precio de venta al público", según señalan en el texto oficial, destacando que viene "sin imposición de mínimos ni de otras fórmulas", que, según esa cámara, conspiran "contra la igualdad y la libertad de mercado".

Desde la organización que nuclea a pymes de capitales nacionales, aseguran que el régimen de impuesto mínimo tal como se encuentra regulado actualmente "ha llevado a la judicialización de la cuestión en múltiples jurisdicciones", y agregan, "al despacho tanto de medidas cautelares como de sentencias de segunda instancia que declaran la inconstitucionalidad del esquema" actual.

Consideran en ese sentido que el régimen que se pretende dejar sin efecto es "claramente confiscatorios y violatorio del principio de igualdad", y aseguran que ha empujado al cierre de empresas afiliadas a esa cámara.

Libertad de mercado y tributación porcentual

Lo que plantean de la entidad es que la tributación sea en función del precio de venta al consumidor, pidiendo concretamente que se trate de un  porcentaje sobre el mismo, lo que permitiría, sostienen que cada empresa pueda fijar "libremente y sin condicionamientos sus precios para sus distintas líneas comerciales y productos", todo en favor de una "libre competencia de mercado”.

Pero además argumentan que si se quita el impuesto mínimo y se sube el porcentual de tributación, que pasaría del 70% al 73% para todo el sector -según lo establece el proyecto de ley-, ello traería consigo una suba en la recaudación, además de “un esquema de reglas claras y transparentes para las empresas que están dispuestas a acompañar el esfuerzo, evitándose la judicialización y la distorsión que implica que algunas empresas gocen de medidas cautelares y otras no, dependiendo del arbitrio de jueces de diversas jurisdicciones”, según señalan.