Comenzó hoy el juicio político contra el juez federal con competencia electoral de Mendoza, Walter Bento, quien afronta un proceso penal acusado de cobrar coimas para beneficiar a imputados en diversos delitos. El magistrado será juzgado por presunto "mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos".

El Consejo de la Magistratura lo suspendió en sus funciones y lo mandó a la etapa de debate en la que podría ser destituido y perder sus fueros, lo que amenaza con complicar su situación personal en el juicio penal que afronta.

Bento, que está acusado en esa instancia por presuntos vínculos con organizaciones ilegales, tendrá la posibilidad de declarar después de que se lea la acusación en su contra.

El jurado que lo enjuiciará estará integrado por los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (de Juntos por el Cambio); las diputadas Anahí Costa (FdT) y Ana Romero (JxC) y el abogado Alfredo Barrau. Según se indicó, el veredicto está previsto para finales de octubre próximo.

La fiscalía federal de Mendoza y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) consideran a Bento presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba sumas de dinero por dictar medidas judiciales favorables a imputados.

Los fiscales Dante Vega y Diego Velasco y Laura Roteta (estos últimos por la PROCELAC)- imputaron también a otras 28 personas, entre ellas la esposa y un hijo del juez.

La acusación incluye también los presuntos delitos de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

En la acusación se especificó que 216 salidas al exterior, en un promedio de 70 a 100 días por año con un total de 900 días en el extranjero de vacaciones. 

En el juicio penal, Bento está acusado de haber encabezado "al menos desde el año 2007" una organización ilegal cuyo "propósito era obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía".