El juez federal Julián Ercolini ordenó efectivizar este jueves un allanamiento en el domicilio del asesor legislativo del Frente de Todos, Jorge Abello, quien denunció que el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, sabía con anterioridad a los hechos que la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, iba a sufrir un atentado el 1 de septiembre de 2022.

El operativo, llevado a cabo por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, buscaba secuestrar el o los teléfonos celulares de Abello, en el marco de una causa que se le inició por presunto falso testimonio.

En efecto, el nuevo expediente surgió a partir de una denuncia que formuló la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación principal por el ataque a Cristina Fernández, cuando extrajo testimonios del expediente principal bajo la sospecha de que Abello hizo una afirmación falsa. 

Según trascendió, los funcionarios judiciales sospechan del tiempo que se tomó Abello para hacer su declaración judicial, 22 días después del atentado.

Según trascendió, los funcionarios judiciales sospechan del tiempo que se tomó Abello para hacer su declaración judicial, 22 días después del atentado.

“Cuando la maten…”

Como se recordará, el asesor Abello declaró ante la Justicia que escuchó al diputado Gerardo Milman decir, días antes del atentado y en una mesa de un bar al frente del Congreso, la siguiente frase: “Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa”.

Fue a partir de esta declaración que la Vicepresidenta pidió investigar si hubo autores intelectuales detrás de las tres personas detenidas acusadas de llevar adelante el atentado, que como se recordará no llegó a efectivizarse “de milagro”, ya que aquel 1º de septiembre de 2022 a Cristina Fernández le pusieron una pistola en la cabeza y le gatillaron, pero la bala nunca salió.

Entre otras  medidas que se tomaron en la investigación, a Gerardo Milman la Justicia le pidió que entregue sus teléfonos celulares –previa autorización del Congreso por su investidura de diputado nacional-, hecho que finalmente ocurrió aunque a medias: el legislador del PRO dispuso en las oficinas de la jueza María Eugenia Capuchetti un aparato que “salió a la venta en Estados Unidos” meses después de producirse el atentado.