Las transferencias automáticas a las provincias alcanzarían este año el nivel más bajo desde 2007, debido a la política de recorte del gasto propiciada por el Gobierno nacional y al menor ingreso por impuestos coparticipables.

A esa conclusión arriban los especialistas de la consultora LCG, que dejaron sus impresiones en un informe dado a conocer este martes.

El estudio vislumbra “que las provincias se queden con apenas 28% del total recaudado, un nivel semejante al de 15 años atrás”. 

Este porcentaje significaría un retroceso evidente frente al 34% de la recaudación impositiva total recibida por los Estados provinciales en 2023, un nivel alto que igualó la proporción de 2020.

Todos a la baja

En las apreciaciones, la consultora expresó que "este año las provincias verán reducida su participación en el total de la recaudación nacional porque el aumento de los recursos tributarios será traccionado por los impuestos no coparticipados: derechos de exportación a partir del fin de la sequía; el sinceramiento del tipo de cambio aplicable (por ahora un esquema 80% oficial y 20% CCL) y el impuesto País por la ampliación de la base imponible y la suba de alícuotas”.

"Este año las provincias verán reducida su participación en el total de la recaudación nacional porque el aumento de los recursos tributarios será traccionado por los impuestos no coparticipados: derechos de exportación a partir del fin de la sequía; el sinceramiento del tipo de cambio aplicable (por ahora un esquema 80% oficial y 20% CCL) y el impuesto País por la ampliación de la base imponible y la suba de alícuotas”.

En esa línea, indica el informe que “en paralelo, el principal impuesto coparticipado (Ganancias) se verá afectado por la reforma del año pasado que elevó a 15 salarios mínimo vitales y móviles el mínimo no imponible para las ganancias de la cuarta categoría de los empleados en relación de dependencia”.

Peor para las provincias, y en el medio de la disputa entre el Ejecutivo y los gobiernos provinciales, profundizada por el rechazo de la Ley Ómnibus en el Congreso, desde la administración de Javier Milei recalcularon el ajuste sobre los fondos discrecionales que se giran a las provincias, como los destinados a financiar educación, salud, vivienda o transporte público, y lo elevarían al doble de lo previsto inicialmente, desde 0,5% hasta 1 punto del PBI, lo que con la nominalidad de hoy significaría cerca de 1,8 billones de pesos.

Tanto en las transferencias automáticas (determinadas por el cálculo que establece la fórmula de coparticipación federal), como en las discrecionales, las provincias tendrán una notoria caída en los ingresos girados por el Gobierno nacional. 

En este sentido, con respecto a los fondos discrecionales, Nación ya los redujo en algunos casos un 100% en los primeros dos meses del año.